La Comisión Europea ha aprobado este
miércoles unas nuevas líneas directrices sobre ayudas públicas para facilitar
el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas. Bruselas autoriza las subvenciones no sólo en
las zonas rurales y aisladas donde no hay ninguna compañía privada
interesada, sino también en zonas urbanas, siempre que se garantice el acceso
de los consumidores a estas infraestructuras.
El Ejecutivo comunitario
pretende así facilitar el cumplimiento del objetivo de la UE de equipar a la
mitad de los hogares europeos con conexiones muy rápidas (más de 100 megas por
segundo) de aquí a 2020. «Debemos
lograr el juste equilibrio entre inversiones privadas y públicas y
crear condiciones propicias para la competencia», ha dicho el vicepresidente de
la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
«Estas nuevas reglas
permitirán intervenciones públicas
bien pensadas destinadas a compensar los fallos de mercado, y
garantizarán la libertad de acceso a las infraestructuras que se beneficien de
fondos públicos», ha resaltado.
Las líneas directrices
autorizan la financiación pública en zonas urbanas pero «en condiciones muy
estrictas que favorecen la competencia». Sólo se autorizará una infraestructura financiada con
fondos públicos si constituye una mejora importante de las redes existentes y
no una simple mejora marginal de la competitividad de los ciudadanos. Además,
cuando se construya una red con el dinero de los contribuyentes, los Estados
miembros deberán garantizar que los consumidores puedan disfrutarla de forma
abierta.
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